● La Dirección General de Pensiones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sufrió en el año 2010, la pérdida de 1 millón 300 mil dólares en la bolsa de valores.

● Esta inversión se realizó en una institución financiera ubicada en Auckland, Nueva Zelanda, llamada Platinum Trade Bancorp L. P.

PARTE UNO I JUEVES 04 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

En conferencia de prensa, Francisca Reséndiz Lara, Secretaria General del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE), reveló que la Dirección de Pensiones aprobó dos inversiones en Platinum Trade Bancorp L. P.

La primera inversión, realizada el 15 de julio de 2010, ascendió a 250 millones de pesos, respaldada por el sector burócrata, la sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), y el Fondo Contingente.

Posteriormente, el 30 de septiembre, se aprobó una segunda inversión de 120 millones de pesos.

Ambas inversiones contaban con pólizas de seguro, aunque solo la inversión de septiembre identificó a la empresa responsable de la fianza: Provident Capital Indemnity Limited.

Los promotores aseguraron que esta inversión estaba respaldada por fondos de la Dirección General de Pensiones de San Luis Potosí, lo que resultó en una pérdida significativa.

El SITTGE exige una auditoría externa a Pensiones, y que la Auditoría Superior revise las ganancias y pérdidas, de estas inversiones en el extranjero.

En la actualidad, 14 años después, en el 2024, cuánto dinero hubiera ganado por esa inversión, y cuales la suma total de mi capital, al tipo de cambio en pesos mexicanos.

Por lo tanto, las ganancias estimadas después de 14 años serían de aproximadamente 1,443,000,000.00 dólares.

La suma total de su capital invertido sería de aproximadamente 2,743,000,OOO.00 dólares.

Al tipo de cambio actual, 2,743,000,000.00 dólares estadounidenses, equivalen a aproximadamente 45,103,282,000.00 pesos mexicanos.

TENTACIÓN FINANCIERA:

Sobre la pérdida de 1 millón 300 mil dólares, explicó que la razón por la cual la DGP, decidió invertir en la institución de Oceanía fue el atractivo interés.

Las tasas anuales ofrecidas fluctuaban entre 10.68% y 12.88%, muy por encima del rendimiento ofrecido por cualquier institución financiera nacional.

El otro atractivo de BANCORP era que con ellos, la inversión no pagaría impuestos o serían muy reducidos, pues se trataba de una empresa que se autodefinía en su página de internet, como un “centro financiero offshore”.

En la jerga financiera, una institución “offshore” es aquella que ofrece a sus clientes no residentes en el domicilio de ésta altos rendimientos y una exención o reducción de las obligaciones tributarias.

También se les conoce como “paraísos fiscales”, muy atractivos para inversionistas que pretenden evadir impuestos o esconder el origen de los recursos.

Además, en su página web www.platinumbancorp.com la institución ofrece absoluta discreción. “Sus asuntos financieros permanecerán en privado entre usted y Platinum Bancorp”, presume y explica que se eligió Nueva Zelanda como sede porque se trataba del país que tiene una de las leyes más drásticas sobre secreto bancario.

Y aunque en las actas de Pensiones se menciona al Platinum Trade Bancorp como un banco, la misma empresa, en su página de internet, advierte que “ofrece servicios como un centro financiero privado offshore y no como un banco registrado”, además, señala que no está sujeto a la regulación del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda.

El director de Platinum Trade Bancorp es un mexicano: Salvador Lavalle Guizar. De acuerdo a su perfil en la red social orientada a los negocios Linked in, Lavalle Guizar es director ejecutivo de la institución desde octubre de 2009. Titulado en la Universidad Iberoamericana en el DF, se autodefinió como especialista en el desarrollo de negocios internacionales, con experiencia en finanzas, seguros, minería, energía y bienes raíces.

Pese a que las autorizaciones de las inversiones se registraron en 2010, en al menos un caso, en el de la segunda inversión, la de los 120 millones de pesos, el depósito no se realizó sino hasta julio de 2011.

Así lo prueba el reporte de orden de pago internacional emitido por Banorte que certifica que el 29 de julio de 2011, de la cuenta 0840016447 se destinaron 10 millones de dólares, equivalentes a 124.6 millones de pesos, según la cotización de ese día, a la cuenta 809-789522-838 del banco HSBC de Hong Kong, cuyo beneficiario era Platinum Trade Bancorp L. P.

El documento, no menciona a la DGP, sino que muestra a Oziel Yudiche Lara, titular de la dependencia estatal, como quien capturó y ejecutó la transacción.

Pero desde meses antes, los nombres de Yudiche Lara y de la DGP fueron involucrados en el complejo entramado de un caso de fraude a nivel internacional.

El 21 de marzo de 2011, la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida, una especie de registro público de la propiedad y el comercio, emitió el documento de registro P11000027925, en el cual declaraba inscrita a la empresa Scanamerica Holding Corp, con domicilio en 11953 W Colonial Drive, en Ocoee, Florida.

El documento define el propósito de la empresa como “cualquiera y todos los negocios legales”, y muestra que nacía con la emisión de mil acciones.

Como agente registrador, accionario único, presidente y vicepresidente de la empresa, aparecía el nombre de Yudiche Lara y a través de una “firma electrónica” afirmaba que los hechos plasmados en el documento eran ciertos y que sabía que proporcionar datos falsos constituía el delito de felonía.

Evidencias del cargo de Yudiche Lara como directivo de la empresa son los ciberdirectorios de negocios estadunidenses www.manta.com y www.corporationwiki.com que lo ubicaban como director de la empresa.

Pero el paso de Yudiche Lara como dueño de una empresa estadunidense duró apenas poco más de tres meses, pues el 29 de junio de 2011, la misma dependencia inscribió un nuevo documento en el que se le removía de sus cargos, quedando en su lugar como presidente, vicepresidente y accionista único una persona de nombre Jaime Jiménez.

Jiménez, sin embargo, no realizó el trámite. De quien aparece el nombre y firma, bajo el mecanismo de un poder legal, es de Salvador Lavalle Guizar, el director ejecutivo de Platinum Trade Bancorp.

Igual de efímero resultó ser el sucesor de Yudiche Lara en Scanamerica Holding Corp. De hecho, tan sólo en julio de 2011, la empresa tuvo otros dos cambios de propietario, hasta llegar al actual propietario Jack Morris Jr.

En los cambios está involucrado, en un cargo identificado como “agente de hecho”, Daniel Fernández Rojo Filho.

Rojo Filho es un empresario brasileño que enfrenta diversos procesos penales en Estados Unidos por manejar un esquema financiero fraudulento denominado pirámide de Ponzi, que consiste en hacer creer a inversionistas que están entrando en un redituable negocio, que paga más dividendos si consiguen la entrada de nuevos socios.

El esquema funciona durante cierto tiempo, pero colapsa a la hora de que los socios piden el retorno de sus inversiones.

Enfrenta diversos procesos penales en Estados Unidos, en uno de los cuales, el 6:09-cv-1852-Orl-28GJK, iniciado el 20 de enero de 2010 por el gobierno de Estados Unidos en su contra ante una corte judicial asentada en Florida, se le embargaron diversos bienes, que incluyen inmuebles, dinero en cuentas bancarias, autos lujosos y casi 400 barras de oro puro.

El documento procesal, menciona que entre las propiedades a decomisar están una lujosa casa rodante, y dos autos exclusivos, un Audi R8 y un Lamborghini Diablo.

El domicilio ofrecido por la corte estadunidense como posible ubicación de estos tres bienes es 119653 W Colonial Drive, Ocoee, Florida. Es decir, la misma ubicación de Scanamerica Holding Corporation, la empresa fundada por Oziel Yudiche Lara.

La misma dirección aparece en el registro ante el Departamento de Estado de Florida, fechado el 18 de abril de 2011, de una empresa denominada Platinum Trade Group L. P.

La semejanza con el nombre de la institución financiera que recibió los fondos de la DGP potosina no es casual. Quien la registró fue Salvador Lavalle Guízar.

Oziel Yudiche y la DGP también han sido involucrados, indirectamente, en otra controversia legal. Un empresario latinoamericano asentado en Miami mantiene una demanda penal contra Salvador Lavalle, Rojo Filho y un empresario de origen portugués, Pedro Benavides.

El inversionista, ofreció información y documentos, con la condición de mantener su identidad bajo reserva. Relató que desde 2010, los tres acusados lo contactaron para pedirle que invirtiera en el financiamiento de un proyecto minero a Brasil.

Para generar su confianza, los promotores le aseguraron que estaba respaldada por fondos de la Dirección General de Pensiones de San Luis Potosí, que, presuntamente, también tenía invertidos recursos en ese proyecto.

El afectado aceptó participar y les confió una cantidad no precisada, pero definida por el inversor como “considerable”.

A cambio, como garantía, recibió un documento conocido como “Pro forma Invoice”, emitida por la empresa financiera South Atlantic Investments Corporation, asentada en las Islas Vírgenes Británicas, otro paraíso fiscal, que amparaba el traspaso de 750 mil dólares a favor de “Platinum Trade Bancorp LP, representada por Salvador Lavalle Guizar y la Dirección de Pensiones de San Luis Potosí”.

Sin embargo, el tiempo pasó y los rendimientos prometidos no llegaron, por lo que empezó a reclamar. Primero recibió peticiones de que esperara más tiempo, pero ante el incumplimiento, le fueron entregados, como pagos, ciertos bienes.

Empero se inconformó pues algunos inmuebles como una fábrica estaban en malas condiciones. Incluso también le fue entregada la propiedad de Scanamerica Holding Corp, solo para ser despojado de ella en julio del año pasado.

Por esa razón, demandó penalmente a Lavalle Guizar, Rojo Filho y a Pedro Benavides. En este proceso, no están incluidos ni Yudiche Lara ni la DGP, pero el afectado insiste en que, si la dependencia potosina tiene sus fondos que invirtió, que se los devuelva.

Otra dificultad que enfrenta la inversión de Pensiones tiene que ver con la póliza que contrató para respaldar al menos una de sus inversiones en Platinum Trade Bancorp. Se trata de la de septiembre de 2010, por 120 millones de pesos.

Y es apenas el 23 de octubre pasado, el Departamento de Justicia de EUA comunicó que el ciudadano costarricense Minor Vargas Calvo, presidente y principal accionista de la empresa contratada por la DGP para proteger su inversión, había sido condenado a 60 años de cárcel por defraudar 500 mil millones de dólares a tres mil 500 clientes en todo el mundo, además de lavado de dinero.

La investigación de la demanda, que databa desde enero de 2011, encontró que Provident Capital Indemnity Limited era una empresa que operaba en la isla caribeña de Dominica, considerada también un “paraíso fiscal”.

LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZÓ AL DIRECTOR DE PENSIONES, OZIEL JUDICHE LARA, LA COLOCACIÓN DEL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN UNA INVERSIÓN DE ALTO RIESGO, PROCEDIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DE PENSIONES

El uso y la disposición irregular de recursos hasta por 1 millón 300 mil dólares, correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Gobierno del Estado, no ha derivado en la correspondiente responsabilidad penal del director general de dicha institución, Oziel Judiche Lara, denunció la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del estado, Francisca Reséndiz Lara.

La lideresa sindical cuestionó asimismo la honorabilidad de la representación de la sección 52, ante la junta directiva de la institución, Ángel Pecina Hernández, quien autorizó al director de pensiones la colocación de los recursos señalados en mesas de inversión de alto riesgo, procedimiento que se encuentra expresamente prohibido por la Ley de Pensiones.

Demandó claridad en la legalidad y legitimación de estas inversiones en empresas trasnacionales como Platinum Trade Bancorp de Nueva Zelanda, aún cuando esta no se encuentra en el registro de las instituciones bancarias, por lo que se desprende el interés de defraudar a los trabajadores que cotizan en la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones y su correspondiente Fondo de Ahorros.

Rechazó la oferta del mandatario estatal, en el sentido de recurrir a lo que denominó una “reingeniería financiera” para evitar el colapso del sistema de pensiones y jubilaciones, en el que reconoce una situación deficitaria hasta por 8 mil 340 millones de pesos.

Solicitó investigar y sujetar a responsabilidades de los servidores públicos a los miembros de la mesa directiva de Pensiones entre los que se encuentran el subsecretario Miguel Martínez Castro y el doctor Ismael Trujillo, en su calidad de representantes personales del gobernador; a Silvia Arellana, representante de la Secretaría de Finanzas y a los representantes del SUTSGE, de las secciones 26 y 52 del SNTE y al propio director de Pensiones Osiel Judiche, quienes desestimaron las denuncias públicas realizadas al respecto del desvío de recursos hacia operaciones de alto riego.

La lideresa del SITTGE ofreció al mandatario estatal un plazo no mayor de dos semanas para esclarecer la situación de la Dirección de Pensiones y proceder, con la finalidad de no caer en una situación de colapso en perjuicio de los trabajadores que cotizan en dicho fondo y que no son solamente los profesores adheridos a las secciones 26 y 52 del SNTE.

Demandó a la sección 52 del SNTE, asimismo, presentar una denuncia formal por el presunto desvío de recursos ante las instancias de la Procuraduría General de la república, al considerar que se han quedado solamente en una queja pública y en un llamado al gobernador que en lada alivia la situación de quebranto financiero y contribuye a recuperar la certidumbre de los trabajadores afectados.